La denuncia del Gobierno de Bolivia en contra de el expresidente argentino Mauricio Macri por haber enviado en 2019 de manera clandestina material bélico para reprimir protestas sociales ante el golpe de Estado contra Evo Morales cobró hoy mayor dimensión tras el anuncio del canciller Rogelio Mayta de que su país “podría llamar a declarar” al exmandatario ante la Justicia.

“Obviamente, el expresidente Macri podría estar involucrado. Probablemente sea llamado a testificar. Si encuentran elementos que evidencien responsabilidad, se podrían levantar cargos en su contra aquí en Bolivia”, dijo el canciller boliviano en declaraciones formuladas hoy a la agencia de noticias rusa Sputnik.

La Justicia boliviana tiene un proceso abierto por la ruptura del orden constitucional en 2019, motivo por el cual están detenidos la expresidenta de facto Jeanine Äñez, algunos militares y exministros.

Además, el expresidente de Ecuador Lenin Moreno y Macri también serían denunciados en sus respectivos países.

“En este momento se tiene la punta de la madeja. Hay que desenrollarla, lo cual probablemente nos dé todavía grandes sorpresas”, dijo Mayta a la agencia rusa, al considerar que existió una “estrategia por detrás” y que el objetivo era generar violencia en las calles para romper el orden constitucional.

En tanto, este viernes surgieron nuevas revelaciones a nivel interno en Argentina, con la confirmación de que un avión Hércules perteneciente a la Fuerza Aérea Argentina partió desde El Palomar con material bélico, mientras se abrió una investigación preliminar en la Justicia y se suman los rechazos al accionar del gobierno de Cambiemos.

En este contexto, el presidente Alberto Fernández pidió “disculpas al pueblo de Bolivia porque un Gobierno argentino haya mandado armamentos para parar la protesta de un pueblo que se levantaba contra un golpe militar”, al encabezar el acto central por el Día de la Independencia en la Casa Histórica de Tucumán.

Investigación judicial en Argentina
Paralelamente, la Unidad Fiscal especializada en la investigación de ilícitos relacionados con armas de fuego, explosivos y demás materiales controlados (Ufiarm) anunció esta tarde el inicio de una causa a raíz de la denuncia efectuada ayer por el Gobierno de Bolivia.

La fiscalía indicó a través de un comunicado que inició esta investigación “en atención a los graves sucesos que han trascendido públicamente entre jueves y viernes, sobre la puesta en conocimiento al Gobierno argentino por parte de las autoridades del Estado Plurinacional de Bolivia respecto a la presunta entrega a ese país de material bélico de agentes químicos”.

Agrega que esta “operatoria habría resultado irregular y que, según se desprende la de misiva que en el día de ayer le habría cursado el Sr. Presidente de la Nación, Dr. Alberto Fernández, a su par Boliviano, Dr. Luis Arce Catacora, habría coadyuvado con las fuerzas que perpetuaron el golpe de Estado contra el Gobierno constitucional del presidente Evo Morales”.

La denuncia del canciller boliviano
En tanto, el canciller de Bolivia, Rogelio Mayta, quien el jueves informó desde su cuenta de Twitter sobre el hallazgo de la documentación encontrada, amplió esta mañana en Radio 10 que el envío del material bélico constituye “una contribución concreta, real, al proceso de ruptura del orden institucional” del Gobierno de Evo Morales para favorecer el régimen de Áñez.

“Lo que nosotros advertimos es que este material enviado por el gobierno de Mauricio Macri ha sido una contribución concreta, real, al proceso de ruptura del orden institucional”, puntualizó.

Fue el propio Mayta quien ayer dio un detallado informe sobre el armamento que el Gobierno de Juntos por el Cambio (JxC) habría proporcionado a Áñez, ante lo que el presidente Fernández le envió una nota a su par boliviano, Luis Arce, para lamentar el hecho y expresarle su “dolor y vergüenza”.

El canciller dijo que en la denuncia “no hablamos solo de Argentina” ya que “también hay evidencia de Ecuador, y no nos parece descabellado un comportamiento similar de otros países”.

Y agregó que desde el Gobierno a cargo de Luis Arce están “espantados” porque observaron “una especie de reedición contemporánea del Plan Cóndor“, en estas actitudes.