El Poder Judicial de Río Negro duplicó en 2024 las pericias de informática forense por delitos digitales, en comparación con 2023, según un informe oficial. Grooming, estafas virtuales, amenazas y extorsiones encabezan las causas investigadas, con un crecimiento sostenido en toda la provincia.
Cifras que alarman
- 287 pericias forenses realizadas en 2024 (frente a 132 en 2023).
- 6.942 legajos judiciales ingresados en el fuero Penal (19% más que en 2023).
- 16.000 audiencias penales con pruebas digitales como eje central.
- Las zonas más afectadas: Roca y Cipolletti.
Los delitos que más crecieron
- Grooming: Contacto de adultos con menores con fines de abuso sexual. Las investigaciones requieren análisis técnico, entrevistas protegidas y apoyo psicológico a las víctimas.
- Estafas virtuales: Engaños mediante redes sociales, correos electrónicos y mensajes fraudulentos.
- Amenazas y extorsiones digitales: Uso de plataformas como WhatsApp o redes para intimidar.
- Distribución no consentida de imágenes íntimas: Un delito en auge con graves consecuencias emocionales.
La informática forense, clave en las investigaciones
El Cuerpo de Investigación Forense (CIF) de Río Negro analiza celulares, computadoras, chats y redes sociales para convertir datos digitales en pruebas judiciales. Su trabajo abarca:
- Extracción de evidencias: Mensajes, historiales de navegación y metadatos.
- Cooperación interjurisdiccional: Apoyo a otros poderes judiciales del país.
- Equipos interdisciplinarios: Psicólogos, peritos y especialistas en tecnología trabajan en conjunto.
Un desafío para la Justicia
El informe destaca que los delitos digitales ya no son una excepción, sino una tendencia en alza, lo que obliga al sistema judicial a adaptarse. «El mundo digital no es terreno desconocido, sino un espacio donde cada clic, mensaje o historial puede ser la prueba definitiva en una causa», señala el documento.
Conclusión
Río Negro refleja una realidad nacional: la delincuencia migró a lo digital, y la Justicia debe acelerar su respuesta. Con equipos más especializados y leyes adaptadas, el desafío es proteger a las víctimas y rastrear delitos que dejan huellas en bytes, no en calles.
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