La Justicia liberó al último detenido por los incendios que devastaron la Patagonia entre enero y febrero, dejando sin sospechosos encarcelados a los gobiernos de Río Negro y Chubut. La falta de pruebas contundentes obligó a las autoridades judiciales a revocar las detenciones, evidenciando una serie de operativos cuestionados por su falta de sustento.
Río Negro: Detenciones sin pruebas y un único arresto por fuego posterior
En Río Negro, la última liberación fue la de Nicolás Heredia, detenido el 5 de febrero con la acusación de «tener cara de sospechoso» y portar una botella con combustible. Análisis posteriores descartaron sus huellas y revelaron que el contenido era una mezcla utilizada por brigadistas forestales.
Este caso se suma a otros arrestos masivos, incluyendo brigadistas voluntarios, que resultaron en liberaciones por falta de pruebas. Actualmente, solo un hombre con problemas mentales permanece detenido por iniciar un fuego diez días después del incendio principal, un arresto celebrado públicamente por el gobernador Alberto Weretilneck.
Chubut: Operativo fallido y acusaciones cruzadas
En Chubut, la detención de Victoria Núñez Fernández, integrante de la comunidad mapuche Lof Pillán Mawiza, desencadenó una fuerte polémica. Su arresto, basado en el testimonio de un testigo, fue desestimado tras comprobarse que la geolocalización de su vehículo la ubicaba a 90 kilómetros del lugar del incendio.
El operativo, calificado como «antimapuche», incluyó allanamientos violentos y una conferencia de prensa del gobernador Ignacio Torres, quien vinculó los incendios a la inexistente RAM y calificó de terroristas a las comunidades mapuches.
Sin embargo, la detención de tres personas que confesaron haber iniciado un incendio por orden de un estanciero para obtener beneficios económicos generó nuevas críticas. Los pirómanos confesos fueron liberados, mientras que Núñez Fernández permanece con prisión preventiva domiciliaria. El gobernador Torres no ha emitido declaraciones al respecto.
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