Así lo dictaminó la justicia, con un fallo del juez Ariel Lijo ante una presentación de Victoria Montenegro. En la resolución se establece que el Estado debe garantizar una dotación de personal capacitado para que se continúen con las tareas de transmisión de lo ocurrido durante la dictadura.
“Se logró un pronunciamiento de la justicia en un contexto en el que el ministro de Justicia no cesa en sus ataques contra los organismos de derechos humanos, despide trabajadores y desmantela la Secretaría de Derechos Humanos”, le dijo Montenegro al diario de Buenos Aires Página/12. “Frente a tanta obscenidad del gobierno nacional, hay que celebrar que se consiguió un posicionamiento de los tribunales”, añadió.
Este martes, Lijo firmó dos resoluciones en las que le ordena a la Secretaría de Derechos Humanos que arbitre todas las medidas necesarias para que haya una dotación de “personal capacitado” para que permanezcan en funcionamiento y abiertos al público los cinco sitios de memoria. La alusión al personal capacitado es importante, ya que significa que se debe resguardar a quienes se formaron para trabajar en esos lugares durante años.
Lijo, además, dispuso que se hagan tareas de mantenimiento, conservación, preservación del edificio y limpieza diaria –algo que no existe en la gestión de La Libertad Avanza (LLA), ya que muchas veces son los trabajadores que sobrevivieron a los despidos anteriores los que deben llegar a baldear antes de una visita. La resolución del juez fue muy precisa para que la Secretaría de Derechos Humanos no pueda incurrir en incumplimientos. Llegó a decirle a Baños que debe hacer que limpien los techos y las canaletas de los edificios para que no se inunden y se produzcan daños. Además, le requirió que fumiguen los espacios.
En otro punto, Lijo sostuvo que deberán preservarse los acervos y los archivos que se han generado hasta la fecha. En esa misma línea, reclamó que “se continúen llevando adelante las tareas de investigación y coordinación pedagógicas”. Algunos de los sitios perdieron la mitad de su personal. Otros, como Olimpo, calculan que quedaron reducidos a una tercera parte. Como correlato, se perdió a quienes hacían investigación, coordinaban visitas con las escuelas o trabajaban con el barrio, a quienes se ocupaban de la conservación. La situación de los sitios es crítica, como había señalado Montenegro en su presentación.
En su escrito, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Legislatura había advertido que el secretario de Derechos Humanos estaba incumpliendo con la ley de Sitios (26.691), que establece que los excentros clandestinos de detención, tortura y exterminio (CCDTyE) deben ser preservados no solo como prueba judicial sino también para la transmisión de la memoria de lo sucedido durante los años del terrorismo de Estado.
La resolución de Lijo fue celebrada, además, por los delegados de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) en la Secretaría de Derechos Humanos. No es un dato menor quién le está diciendo al gobierno de Javier Milei que debe ponerle un freno a la destrucción de las políticas de memoria: se trata de uno de sus candidatos a la Corte Suprema, el que más cerca está de llegar al cuarto piso del Palacio de Talcahuano.
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