El presidente Javier Milei encabezó, entre titubeos y gestos de nerviosismo, el acto de imposición del nombre Palacio de la Libertad Domingo Faustino Sarmiento al Centro Cultural Kirchner. Acompañado de su gabinete, el mandatario volvió a atacar a la comunidad universitaria, tras la ratificación del veto al Financiamiento Universitario en el Congreso y llegó a decir que la universidad pública es «un mito» que beneficia a las familias más ricas y aseguró que los pobres «no llegan a la universidad».
“En un país donde la mayoría de los niños son pobres y no saben leer, escribir ni realizar una operación matemática básica, el mito de la universidad gratuita se convierte en un subsidio de los pobres hacia los ricos”, leyó el Presidente, que esta semana intentó criticar a la Universidad Nacional de Rosario por la cantidad de trabajadores en relación a los alumnos, pero le erró a la regla de tres simple.
Según el mandatario, hoy “la universidad ha dejado de ser una herramienta de movilidad social” y habría pasado a ser “un obstáculo de la misma”. “Si los que defienden las universidades creyeran en la movilidad social, tomarían el ejemplo de Sarmiento y en vez de defender una universidad para ricos defenderían una educación inicial de calidad para todos”, esgrimió.
Y luego retomó la cantinela de las auditorias, que el Gobierno utiliza como excusa desde el inicio del conflicto con las universidades. “No está en juego la universidad pública y gratuita -se defendió-. Queremos terminar con las filtraciones de dinero que entra a la universidad y lo que le llega a los alumnos y los profesores y no lo que se queda en el medio con autos de 90 mil de dólares. Por eso los queremos auditar, no porque querramos cerrar las universidades como le mienten a la gente. Si no quieren ser auditados, es porque están sucios”.
El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que nuclea a todas las universidades nacionales del país, ya demsintió al Presidente a principios de este mes: «Es falso que los pobres no estén en las universidades”.
Según el CIN, en la actualidad el 48,5 por ciento de los 2 millones de estudiantes que integran el sistema universitario “están por debajo de la línea de pobreza”. Además, “casi siete de cada diez alumnos” provienen de familias que no fueron a la universidad.
Asimismo, desde el CIN explicaron que los gastos de las universidades «se componen en un 90 por ciento en salarios (registrados) y un 10 por ciento en gastos de funcionamiento”. Es decir, de “servicios públicos, limpieza, seguridad, seguros, reparaciones y un mínimo equipamiento”. De todos esos gastos se rinden cuentas, aseguraron.
Las universidades “con las entidades del sector público más controladas y auditadas”, remarca la declaración. El control es tal que “lideran el ranking que elabora la Agencia de Transparencia de la jefatura de Gabinete de la Nación”.
Asimismo, “tienen auditorías internas propias y externas del Congreso de la Nación, más evaluaciones de gestión propias y externas de la CONEAU (Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria)”.
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