El gobierno argentino suscribió un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) que, más allá del desembolso inicial de USD 12.000 millones, incluye cláusulas que someten la política económica a los dictámenes del organismo. Entre los compromisos asumidos figuran una reforma laboral, tributaria y previsional, en línea con las exigencias habituales del FMI. Sin embargo, el documento también contiene una cláusula inédita: el gobierno se compromete a adoptar «cualquier medida adicional» que el organismo considere necesaria y a abstenerse de aplicar políticas «incompatibles» con los objetivos del programa.
El análisis de la letra chica del acuerdo, difundido por Alejandro «Topo» Rodríguez, director del Instituto Consenso Federal, revela otro aspecto polémico: el Ejecutivo se compromete a bloquear cualquier iniciativa del Congreso que implique aumento de gasto, incluso mediante el uso del veto presidencial. Este punto quedó en evidencia cuando el gobierno rechazó la partida adicional para las universidades, aprobada por el Legislativo para cubrir aumentos salariales.
El texto firmado por el ministro de Economía, Luis Caputo, y el presidente del BCRA, junto a la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, refuerza el ajuste fiscal, elevando la meta de superávit primario al 1,6% del PBI. La cláusula que obliga a consultar cualquier medida con el FMI y el compromiso de vetar leyes que afecten el equilibrio fiscal marcan un giro en la relación entre poderes, subordinando las decisiones políticas a los mandatos externos.
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