El Gobierno nacional publicó este martes en el Boletín Oficial un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que autoriza un nuevo acuerdo de endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional (FMI). El programa, denominado «Facilidades Extendidas» (Extended Fund Facility, EFF), tendría un plazo de hasta diez años, con un período de gracia de cuatro años y medio. Sin embargo, el decreto no especifica los montos, los plazos de desembolso ni los intereses que se pagarán por este nuevo préstamo, cuyo acuerdo aún no ha sido firmado.
El texto del DNU justifica la medida como una «exigencia imperiosa» para evitar un impacto negativo en el escenario económico actual, aunque al mismo tiempo elogia la dirección económica del gobierno de Javier Milei. Esta aparente contradicción ha generado críticas y dudas sobre la urgencia y transparencia del proceso.
¿En qué se usarán los fondos?
El decreto establece que los recursos obtenidos del FMI se destinarán a dos objetivos principales:
- Cancelar deudas previas: Pagar las obligaciones derivadas del Programa de Facilidades Extendidas de 2022, cuyos vencimientos operen dentro de los próximos cuatro años.
- Reforzar las reservas: Cubrir la deuda que el Estado Nacional mantiene con el Banco Central (BCRA) para mejorar la posición financiera y la liquidez de las reservas internacionales.
El texto del DNU reconoce que «la baja calidad del activo del Banco Central impacta sobre su capacidad de promover la estabilidad monetaria y financiera», una afirmación que contrasta con las promesas previas de Milei de «dinamitar» el BCRA como parte de su agenda ultraliberal.
Falta de claridad en los montos y plazos
Aunque el decreto no detalla los montos involucrados, un informe reciente del banco suizo UBS sugirió que el paquete podría ascender a unos 20.000 millones de dólares, de los cuales 8.000 millones serían fondos nuevos. El resto se destinaría a cubrir pagos de capital e intereses que Argentina debe afrontar durante el actual mandato de Milei. Sin embargo, el Gobierno no ha confirmado estas cifras ni ha proporcionado información sobre las tasas de interés que se aplicarían al nuevo préstamo.
El Congreso, excluido del proceso
El Gobierno decidió no enviar el acuerdo al Congreso para su aprobación, tal como lo exige el artículo 2° de la Ley de Fortalecimiento de la Sostenibilidad de la Deuda Pública. En su lugar, optó por avanzar mediante un DNU, argumentando que buscar el respaldo del Parlamento llevaría demasiado tiempo y que el país necesita «urgentemente» el apoyo del FMI.
El ministro de Economía, Luis Caputo, defendió esta decisión, asegurando que el Congreso no tiene por qué involucrarse en los términos específicos del acuerdo, sino solo aprobar la operación de crédito. No obstante, el DNU deberá ser revisado por la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo y permanecerá vigente hasta que sea rechazado por ambas Cámaras.
Críticas y preocupaciones
La falta de transparencia en los detalles del acuerdo, sumada a la exclusión del Congreso en la toma de decisiones, ha generado preocupación entre sectores políticos y económicos. Muchos cuestionan la contradicción entre el discurso de austeridad y reducción del gasto público del Gobierno y la decisión de contraer nueva deuda con el FMI.
Este nuevo endeudamiento se suma a la ya abultada deuda externa argentina, lo que reaviva el debate sobre la sostenibilidad fiscal y el rumbo económico del país bajo la administración de Milei. Mientras tanto, el Gobierno insiste en que el acuerdo es necesario para estabilizar la economía, aunque los detalles concretos siguen siendo un misterio.
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