El Gobierno argentino se vio envuelto en una fuerte controversia tras la publicación de la Resolución 187/2025 de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), que incluía términos considerados altamente discriminatorios y obsoletos para referirse a personas con discapacidad intelectual. Ante el repudio generalizado de organizaciones y la sociedad civil, la administración de Javier Milei anunció la retirada del documento y la modificación de su contenido.
La resolución, que buscaba endurecer los criterios para el acceso a pensiones no contributivas por discapacidad, generó indignación al utilizar términos como «idiota», «imbécil», «retardado» y «débil mental» para clasificar distintos grados de discapacidad cognitiva. Estas palabras, abandonadas hace décadas por su carga peyorativa y discriminatoria, generaron un fuerte rechazo y acusaciones de retroceso en materia de derechos.
Reacciones y Repudio Generalizado
Organizaciones como la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad (REDI), la Asociación Síndrome de Down de la República Argentina (ASDRA), 1 la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) expresaron su más enérgico repudio ante la resolución.
Ana Dones, referente de REDI, denunció que la medida representa «un retroceso sin precedentes en materia de derechos» y evidencia «lo que los funcionarios libertarios están haciendo con nuestro colectivo: nos ajustan y nos persiguen». ASDRA, por su parte, advirtió que el uso de esta terminología «atenta contra décadas de avances en la construcción de una sociedad más equitativa y libre de discriminación».
Antecedentes y Contexto
La polémica resolución se enmarca en las auditorías que el Gobierno está llevando a cabo para justificar la baja de pensiones por discapacidad. Además, se suma a la reinstauración de un decreto del menemismo (432/97) que clasifica los grados de discapacidad y endurece las condiciones de acceso a las pensiones, medida que ya había generado críticas por reintroducir el término «invalidez», considerado obsoleto desde la adhesión de Argentina a la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU en 2008.
Marcha Atrás y Compromiso de Modificación
Ante la presión y el rechazo generalizado, el Gobierno anunció la retirada de la resolución y se comprometió a modificar el texto de la norma. Según un comunicado oficial, se trató de un «error» que será corregido a la brevedad.
Este episodio pone de manifiesto la importancia de la vigilancia y la defensa de los derechos de las personas con discapacidad, así como la necesidad de un lenguaje respetuoso e inclusivo en las políticas públicas.
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