Aunque aún se espera la votación en el Senado que podría confirmar la nulidad del DNU, surgen serias dudas sobre la legalidad y transparencia en el manejo de esos recursos.
La reciente derogación parcial del Decreto de Necesidad y Urgencia 656/2024, que asignaba 100 mil millones de pesos a la Secretaría de Inteligencia (SIDE), generó una importante discusión sobre el destino de los fondos ya ejecutados. Aunque aún se espera la votación en el Senado que podría confirmar la nulidad del DNU, surgen serias dudas sobre la legalidad y transparencia en el manejo de esos recursos.
Desde el 23 de julio, fecha en la que el presidente Javier Milei firmó el decreto, la SIDE llevaría gastados el 80% de los fondos reservados asignados. Es decir, que en tan solo tres semanas aproximadamente 80 mil millones de pesos habrían sido utilizados sin la obligación de rendir cuentas, por tratarse de fondos reservados.
El diputado Maximiliano Ferraro, de la Coalición Cívica, fue uno de los primeros en alzar la voz contra la rápida utilización de estos fondos. En su cuenta de X, denunció: «Para operaciones de la SIDE, ‘sí hay plata’: ya se ejecutaron 80 mil millones». Según Ferraro, estos recursos se están usando sin ningún tipo de supervisión legal, destinando cerca de 3 millones de dólares diarios a operaciones de espionaje. «Esto, además de peligroso, es profundamente inmoral», agregó, instando a que ningún bloque político permanezca indiferente ante esta situación.
La información proporcionada por Ferraro se basa en un análisis del sitio Presupuesto Abierto, que detalla cómo el presupuesto de gastos reservados pasó de 650 millones a 103 mil millones de pesos, de los cuales casi 81 mil millones ya han sido comprometidos o devengados. Este aumento drástico en el uso de fondos reservados subraya la urgencia de revisar la validez del DNU y las implicancias de su derogación.
«Si también lo rechaza la Cámara de Senadores será nulo de nulidad absoluta ¿Cuál es la consecuencia? Que la SIDE nunca tuvo una ampliación presupuestaria y que dichos fondos nunca fueron reservados, consecuentemente, no los puede ejecutar y dejan de ser reservados transformándose en públicos. En otras palabras, los fondos no ejecutados dejan de estar asignados a la SIDE, los ejecutados dejan de ser reservados y cualquier persona ejerciendo el derecho de acceso a la información pública puede conocer cómo se aplicaron«, plantean abogados constitucionalistas, habrá que ver si esto se cumple de esta manera en una Argentina donde muchas veces las reglas se saltean.
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